Es una frase que, quienes nos dedicamos al Derecho de Familia, escuchamos con más frecuencia de la que nos gustaría.
“Abogada, no quiero negociar. Quiero ir a muerte. Quiero que esto se resuelva ya. Tenía que haber estado hecho ayer.”
Detrás de esas palabras suele haber dolor, frustración, sensación de injusticia y, en muchas ocasiones, una profunda decepción personal. Es completamente comprensible. Nadie llega a un despacho de familia atravesando el mejor momento de su vida.
Sin embargo, precisamente por eso, nuestro trabajo no consiste únicamente en presentar demandas o defender posiciones jurídicas. Nuestra primera obligación es orientar al cliente, incluso cuando lo que necesita escuchar no coincide con lo que desea oír.
En Derecho de Familia, el objetivo nunca debería ser destruir a la otra parte.
El conflicto familiar no puede abordarse con la misma lógica que un litigio mercantil o una reclamación económica. Aquí hablamos de relaciones que, en muchos casos, continuarán existiendo después del procedimiento. Hablamos de padres y madres que seguirán compartiendo la crianza de sus hijos. Hablamos de menores que no eligieron el conflicto, pero que sufrirán sus consecuencias.
Por eso, cuando un cliente llega decidido a “ir a muerte”, la labor del abogado no es alimentar esa guerra, sino explicar las consecuencias que esa estrategia puede tener.
No porque negociar sea sinónimo de debilidad.
No porque defender los derechos del cliente implique renunciar a sus pretensiones.
Sino porque existe un interés superior que está por encima de cualquier victoria procesal: el interés superior del menor.
Este principio no es una recomendación ética; es el eje sobre el que gira todo el Derecho de Familia. Es el criterio que inspira las resoluciones judiciales y el que debe guiar la actuación de todos los operadores jurídicos.
En este contexto, la reciente Ley 1/2025, que impulsa los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), no pretende dificultar el acceso a la justicia ni retrasar los procedimientos. Su finalidad es precisamente la contraria: favorecer que las partes encuentren soluciones más estables, más responsables y menos destructivas cuando ello sea posible.
El legislador ha querido transmitir un mensaje claro: antes de intensificar el conflicto, conviene explorar la posibilidad del entendimiento.
Porque un acuerdo construido desde el diálogo suele ofrecer mejores resultados que una sentencia impuesta tras meses —o años— de enfrentamiento.
En ocasiones, este planteamiento no gusta.
Hay clientes que interpretan la prudencia como falta de contundencia.
Confunden la negociación con la renuncia.
Piensan que un buen abogado es quien promete una batalla inmediata, quien asegura que “ganará” sin matices o quien alimenta la confrontación.
Y sucede entonces que deciden acudir a otro profesional que les ofrezca exactamente lo que desean escuchar.
Forma parte de nuestra profesión.
Pero también forma parte de nuestra responsabilidad mantenernos fieles a los principios que inspiran el Derecho de Familia.
Porque el éxito profesional no consiste en aceptar todas las instrucciones del cliente sin cuestionarlas.
Consiste, muchas veces, en decirle con honestidad que el camino que propone probablemente agravará el conflicto, incrementará el coste emocional y económico del procedimiento y, sobre todo, perjudicará a quienes menos culpa tienen: los hijos.
El Derecho de Familia no nació para declarar vencedores y vencidos.
Nació para proteger personas.
Y cuando existen menores, la prioridad nunca puede ser satisfacer el deseo de revancha de un adulto.
La prioridad es garantizar que esos niños y niñas puedan seguir creciendo en un entorno lo más estable, seguro y equilibrado posible.
Quizá ese mensaje no sea el más atractivo para quien llega al despacho lleno de rabia.
Quizá incluso haga que algunos clientes busquen otro abogado.
Pero, si nuestra función es asesorar con rigor y actuar conforme al espíritu de la ley, debemos asumir que no siempre diremos aquello que el cliente espera escuchar.
Porque, al final, ejercer el Derecho de Familia no consiste en ganar una guerra.
Consiste en ayudar a construir el mejor futuro posible para quienes tendrán que seguir siendo familia cuando el procedimiento termine.
IRIS MARIA VEGA CANTERO