La inteligencia artificial en la resolución de conflictos: cuando la tecnología necesita conciencia jurídica
“La justicia no consiste únicamente en encontrar la respuesta correcta; consiste en encontrarla respetando la dignidad de las personas.”
Vivimos una revolución silenciosa. La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa de futuro para convertirse en una realidad que está transformando nuestra forma de trabajar, comunicarnos y resolver conflictos. En apenas unos segundos, un sistema de IA puede analizar miles de sentencias, localizar jurisprudencia, redactar un contrato, resumir un expediente o proponer estrategias de negociación.
Sin embargo, cuanto mayor es el poder de una herramienta, mayor debe ser la responsabilidad de quien la utiliza.
En el ámbito jurídico no basta con preguntarnos qué puede hacer la inteligencia artificial. La verdadera cuestión es otra: ¿cómo debemos utilizarla para proteger los derechos de las personas?
La respuesta ya no depende únicamente de la ética profesional. Hoy también tiene una respuesta jurídica.
Europa apuesta por una inteligencia artificial centrada en las personas
Con la aprobación del Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, conocido como Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act), la Unión Europea se ha convertido en el primer espacio jurídico del mundo que regula de forma integral el desarrollo y utilización de la inteligencia artificial.
No es casualidad que el artículo 1 del Reglamento establezca que su finalidad no es únicamente favorecer la innovación tecnológica, sino garantizar un elevado nivel de protección de la salud, la seguridad y los derechos fundamentales, promoviendo una inteligencia artificial fiable, segura y centrada en el ser humano.
Este enfoque supone un cambio de paradigma.
La tecnología deja de ser un fin en sí misma para convertirse en un instrumento al servicio de las personas.
Y eso, en el ámbito de la resolución de conflictos, tiene una enorme trascendencia.
Detrás de cada expediente hay una historia
Quienes trabajamos resolviendo conflictos sabemos que un procedimiento judicial nunca es únicamente un conjunto de documentos.
Es una empresa que intenta sobrevivir.
Una familia que discute una herencia.
Una pareja que busca la mejor solución para sus hijos.
Un trabajador que teme perder su empleo.
Una víctima que necesita ser escuchada.
La inteligencia artificial puede analizar millones de datos.
Pero no puede comprender el silencio de quien entra por primera vez en un despacho buscando ayuda.
No puede percibir el miedo, la frustración o la esperanza.
Y precisamente por eso nunca podrá sustituir aquello que convierte al Derecho en una profesión profundamente humana: la empatía, la prudencia y el juicio profesional.
La IA como herramienta, nunca como sustituta del criterio jurídico
La inteligencia artificial representa una extraordinaria aliada para abogados, mediadores, árbitros y asesores jurídicos.
Nos permite:
- localizar jurisprudencia en segundos;
- comparar doctrina;
- detectar riesgos contractuales;
- resumir procedimientos complejos;
- preparar borradores;
- organizar grandes volúmenes de información;
- mejorar la productividad.
Pero el Reglamento Europeo deja claro que el uso de estas herramientas exige responsabilidad.
Especialmente cuando pueden afectar a derechos fundamentales.
El modelo europeo se basa en un enfoque de gestión del riesgo, diferenciando entre prácticas prohibidas, sistemas de alto riesgo, sistemas sujetos a obligaciones de transparencia y modelos de IA de propósito general.
Este enfoque obliga a que cada profesional conozca no solo la herramienta que utiliza, sino también el impacto jurídico que puede generar.
La transparencia ya no es solo una buena práctica
Durante años hemos defendido que informar al cliente sobre el uso de inteligencia artificial era una cuestión de ética profesional.
Hoy también constituye una exigencia normativa.
El artículo 50 del Reglamento (UE) 2024/1689 establece obligaciones específicas de transparencia para determinados sistemas de IA. Entre ellas, que las personas sean informadas cuando interactúan directamente con un sistema de inteligencia artificial, salvo que resulte evidente por el contexto. También regula la identificación de determinados contenidos generados o manipulados mediante IA y exige que la información se facilite de forma clara, visible y en el momento oportuno.
Ello tiene consecuencias prácticas para muchos despachos y organizaciones:
- chatbots de atención al cliente;
- asistentes virtuales;
- transcripción automática de reuniones;
- generación automatizada de documentos;
- respuestas automatizadas.
La confianza comienza por la transparencia.
Porque un cliente informado siempre podrá decidir con mayor libertad.
Supervisión humana: el principio irrenunciable
Uno de los grandes aciertos del Reglamento europeo es recordar algo que nunca debería olvidarse: la responsabilidad sigue siendo humana.
La inteligencia artificial puede sugerir.
Puede ayudar.
Puede acelerar procesos.
Pero quien interpreta el Derecho, valora la prueba, pondera los intereses en conflicto y asume las consecuencias jurídicas continúa siendo el profesional.
Por ello resulta imprescindible implantar protocolos internos que contemplen:
- revisión sistemática de resultados;
- validación de referencias legales;
- comprobación de jurisprudencia;
- verificación de datos personales;
- control de posibles errores o “alucinaciones”;
- documentación de la supervisión realizada.
No revisar una respuesta generada por IA no es eficiencia.
Es una renuncia al deber de diligencia.
El cumplimiento normativo ya no termina en el RGPD
La protección de datos continúa siendo esencial.
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la LOPDGDD siguen siendo plenamente aplicables cuando se utilizan sistemas de inteligencia artificial que tratan datos personales.
Pero el nuevo Reglamento de IA amplía el horizonte del cumplimiento.
Ahora también debemos preguntarnos:
- ¿Qué herramienta estamos utilizando?
- ¿Dónde se procesan los datos?
- ¿Existe supervisión humana?
- ¿Se informa adecuadamente al cliente?
- ¿Es necesaria una evaluación de impacto?
- ¿Qué riesgos presenta el sistema?
- ¿Cómo se documenta su utilización?
La gestión responsable de la inteligencia artificial exige una visión transversal que combine protección de datos, ciberseguridad, propiedad intelectual, confidencialidad, derechos fundamentales y cumplimiento normativo.
El mayor riesgo no es la inteligencia artificial
Existe una idea equivocada que conviene desterrar.
El verdadero riesgo no reside en la inteligencia artificial.
El riesgo aparece cuando se utiliza sin conocimiento, sin supervisión y sin responsabilidad.
Una herramienta extraordinaria puede convertirse en un problema cuando confiamos ciegamente en sus respuestas.
Porque la IA puede inventar jurisprudencia.
Puede citar artículos inexistentes.
Puede reproducir sesgos.
Puede ofrecer información desactualizada.
Y ningún algoritmo comparecerá ante un juez para responder por ello.
Lo hará el profesional.
Innovar también significa proteger
La transformación digital del sector jurídico es irreversible.
Negarla sería un error.
Pero aceptarla sin límites también lo sería.
La verdadera innovación consiste en combinar tecnología y derechos fundamentales.
En utilizar la inteligencia artificial para liberar tiempo y dedicarlo a aquello que ninguna máquina puede ofrecer: escuchar, comprender, negociar, acompañar y decidir con criterio jurídico.
Quizá el futuro del Derecho no dependa de quién tenga la mejor inteligencia artificial.
Sino de quién sea capaz de utilizarla con mayor responsabilidad.
Porque las normas pueden automatizarse.
Los documentos pueden generarse.
Los procedimientos pueden acelerarse.
Pero la confianza, la ética y la justicia seguirán teniendo un único origen: las personas.
Y ese seguirá siendo el mayor valor de la profesión jurídica
Iris María Vega Cantero.-
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