La violencia de género constituye una realidad jurídica compleja que trasciende el ámbito estrictamente penal e incide de forma directa en el Derecho de Familia, al afectar a las relaciones paterno-filiales, al ejercicio de la responsabilidad parental y a la protección integral de los hijos e hijas menores. En consecuencia, el ordenamiento jurídico español ha configurado un sistema de tutela integral que articula medidas penales y civiles con el objetivo de garantizar la seguridad de la víctima y preservar el interés superior del menor como principio rector de toda actuación judicial.

La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, supuso un punto de inflexión en esta materia al establecer un modelo de protección transversal que supera la tradicional respuesta penal. Su finalidad no se limita a la persecución y sanción del agresor, sino que incorpora mecanismos de protección familiar dirigidos a evitar la victimización secundaria de la mujer y de los menores, reconociendo expresamente que estos últimos pueden ser víctimas directas de la violencia.

1. La coordinación entre la jurisdicción penal y la jurisdicción civil

Uno de los rasgos característicos del sistema español es la coordinación entre la jurisdicción penal y la jurisdicción civil, materializada principalmente a través de la orden de protección prevista en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

Aspectos fundamentales

• La orden de protección constituye un instrumento cautelar integral, al reunir en una única resolución judicial medidas penales y civiles.
• Su adopción exige la celebración de una audiencia y se acuerda mediante auto motivado.
• Su finalidad es proporcionar una respuesta inmediata frente a una situación de violencia de género, garantizando simultáneamente la protección personal, familiar y patrimonial de la víctima.

En el ámbito civil, la orden de protección puede comprender, entre otras, las siguientes medidas:

• Atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar.
• Determinación de la guarda y custodia de los hijos menores.
• Fijación del régimen de alimentos.
• Suspensión o limitación del régimen de visitas, comunicación y estancia.

Estas medidas poseen naturaleza provisional y pretenden asegurar la estabilidad familiar mientras se sustancia el procedimiento correspondiente ante la jurisdicción civil.

2. La protección de los menores como eje central del Derecho de Familia

La evolución legislativa evidencia un cambio sustancial: los hijos menores dejan de ser considerados meros testigos de la violencia para ser reconocidos como víctimas directas de la misma.

En este sentido, el artículo 544 ter LECrim establece importantes obligaciones para la autoridad judicial:

Reglas esenciales

• El juez debe pronunciarse necesariamente sobre las medidas civiles cuando existan hijos menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, incluso de oficio.
• Cuando existan indicios fundados de que los menores hayan presenciado, sufrido o convivido con la violencia, deberá acordarse la suspensión del régimen de visitas, comunicación y estancia.
• Excepcionalmente, el órgano judicial podrá mantener dicho régimen únicamente mediante resolución expresamente motivada, siempre que ello responda al interés superior del menor.

Idea clave

El interés superior del menor prevalece sobre el derecho del progenitor investigado a mantener el régimen de visitas cuando exista un riesgo para la integridad física, psicológica o emocional del menor.

3. La prohibición de aproximación como medida cautelar de protección familiar

La protección de la víctima se complementa con la prohibición de aproximación y comunicación, regulada en el artículo 544 bis LECrim.

Requisitos legales

El juez o tribunal podrá acordarla cuando concurran los siguientes presupuestos:

• Investigación de alguno de los delitos comprendidos en el artículo 57 del Código Penal.
• Necesidad estricta de proteger a la víctima o evitar la reiteración delictiva.
• Resolución judicial motivada, basada en un juicio de necesidad y proporcionalidad.

Finalidad

Esta medida persigue:

• garantizar la seguridad física y psicológica de la víctima;
• impedir nuevas situaciones de intimidación o control;
• preservar un entorno familiar seguro para los menores.

4. Incidencia en las medidas de Derecho de Familia

La existencia de un procedimiento por violencia de género condiciona decisivamente la adopción de las medidas familiares.

En particular, puede influir en:

• la atribución de la guarda y custodia;
• el ejercicio de la patria potestad, cuando proceda su limitación;
• el régimen de visitas, comunicación y estancia;
• el uso de la vivienda familiar;
• las medidas económicas dirigidas a garantizar la protección de la víctima y de los hijos.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reiterado que el mantenimiento de las relaciones familiares no constituye un derecho absoluto, sino que debe ceder cuando resulte incompatible con la protección de la víctima y con el interés superior del menor, principio consagrado en el artículo 39 de la Constitución Española, en la legislación de protección de la infancia y en los instrumentos internacionales.

Desde la perspectiva del Derecho de Familia, la violencia de género exige una respuesta integral en la que confluyen el Derecho penal y el Derecho civil.

Ideas fundamentales

• La protección de la víctima no se limita al ámbito penal, sino que se extiende al conjunto de las relaciones familiares.
• La orden de protección (art. 544 ter LECrim) constituye el principal instrumento de coordinación entre ambas jurisdicciones, al integrar medidas penales y civiles.
• La prohibición de aproximación (art. 544 bis LECrim) se configura como una medida cautelar indispensable para garantizar la seguridad de la víctima y evitar la reiteración delictiva.
• Los hijos menores son reconocidos como víctimas directas de la violencia de género, lo que justifica la adopción de medidas específicas de protección.
• El interés superior del menor constituye el principio rector que debe presidir toda decisión judicial en materia de guarda, custodia, visitas y responsabilidad parental.

En definitiva, la evolución normativa pone de manifiesto que la violencia de género ha transformado profundamente el Derecho de Familia, desplazando el centro de gravedad desde la protección exclusiva de la víctima hacia un modelo de protección integral de la unidad familiar, en el que la seguridad de la mujer y de los menores prevalece sobre cualquier otro interés concurrente.